Yolanda Muñoz Rey
Dra. en Arte y Humanidades
Trabajar en la administración es complicado. Pero a veces a esto se une la desidia, la falta de vocación o, como lo llaman ahora, la «falta de voluntad política». Un caso claro donde podemos verlo es el conocido derribo futuro de las construcciones de la playa de La Casería, en San Fernando (Cádiz), intensamente expuesto tanto en medios de comunicación como en redes sociales. En una democracia y, por ende, Estado de Derecho, las leyes están por encima de todo (¡menos mal!), pero en un país como España, a un elemento de la realidad ciudadana hay que aplicarle varias que se solapan y a veces se contradicen: leyes municipales, autonómicas y estatales. En el caso que nos ocupa se contradicen entre sí leyes autonómicas de diferentes áreas o consejerías, lo cual es un problema, pero además en Derecho hay algo que está por encima: el sentido común, que es precisamente uno de los criterios básicos que ha marcado la elaboración de todas estas leyes; sentido común que hay que seguir aplicando y teniendo en cuenta cuando, desde las distintas administraciones, se trabaja para el cumplimiento o ejecución de dicha legislación.
En La Casería se da la siguiente situación: desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía se intenta aplicar la Ley de Costas, que prohíbe la construcción a una distancia establecida desde la orilla. Esta ley es muy necesaria y acertada. Se creó hace años con el fin de evitar los desmanes turísticos de construcción sin límite que habían ocurrido en otros lugares costeros (Benidorm, la Costa del Sol, etc.) destrozando ecosistemas medioambientales y paisajes culturales sin necesidad, porque las cosas se pueden hacer, pero se pueden hacer bien. Si cumplimos a rajatabla la Ley de Costas, evidentemente habría que derribar todas esas construcciones que conocemos en La Casería.
Pero, por otro lado, desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la misma Junta de Andalucía se trabaja para hacer cumplir la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz 14/2007 de 26 de noviembre, que se desarrolla a partir de la Ley del Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio. En la mencionada ley andaluza, Título VI (Patrimonio Etnológico) Artículo 61 (Concepto y ámbito), se establece que son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico Andaluz los parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios de la comunidad de Andalucía. Es decir, hablamos de un patrimonio a ser protegido por dicha ley que lo ampara. Para ello en los demás capítulos se establecen medidas de protección; competencias; procedimientos; instrucciones; obligaciones; ordenes de ejecución; derechos de tanteo, retracto y expropiación; criterios de conservación; intervenciones de emergencia; circunstancias específicas de protección en el planeamiento urbano; paralización de actuaciones… dedicando además un capítulo aparte a los Espacios Culturales.
Precisamente sobre esto, espacios culturales y paisaje cultural, se celebró en 2012 en Roma un importantísimo congreso denominado Paisaje Cultural urbano e identidad territorial. En él se reunieron los expertos en paisaje cultural y patrimonio etnográfico más importantes del mundo y sus resultados se volcaron en un grueso volumen con dos tomos de artículos científicos sobre las ponencias. En uno de ellos se mencionan como paradigmáticas —foto incluida— las casetas de La Casería, ejemplos de construcción patrimonial ligada al territorio, al entorno y al contexto. Un «Paisaje Cultural» es, según la UNESCO, una realidad compleja, integrada por componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura el carácter que lo identifica como tal. Las de esta pequeña zona que se quiere destruir no son casuchas que estorban, sino construcciones populares que constituyen un elemento de patrimonio etnográfico desde el momento en que se hicieron para responder a oficios artesanales. Gracias a su pervivencia, estos oficios siguen vivos y son un valor cultural e histórico. Pero, además, no son un elemento aislado, sino vertebradores de un paisaje cultural que tiene otros componentes inmateriales —también protegidos por la UNESCO y por nuestras leyes de Patrimonio— como la relación visual con el entorno natural; su interacción; la gastronomía generada en torno a la pesca desarrollada in situ; los modos de vida, de cante y baile, de poesía y arte; y el devenir histórico desarrollado en ellas. Las casetas de La Casería están, pues, protegidas por unas leyes estatales y autonómicas redactadas según los dictados de la UNESCO, y además reconocidas por la comunidad científica internacional.
Pero se van a tirar porque los técnicos de la consejería tal y la consejería cual no se reunirán en una mesa para debatir el problema, intentar casar sus normativas y buscar de manera bienintencionada, colaborativa y con sentido común la solución a este caso, que terminará mal. Terminará con la destrucción de un patrimonio irrepetible y que, dentro de unas décadas, todos calificarán de pérdida debido a la mala gestión, a una gestión sin sentido. Esperemos que en esas calificaciones estén también los nombres de quienes no se sentaron a hablar y a los que no les tembló el pulso.
