por Alejandro Díaz Pinto

Desde la delegación territorial esperan un informe de sus técnicos sobre el estado actual de este baluarte.

Pero la Junta de Andalucía, a través de Cultura, no puede actuar de oficio sobre un bien que no sea de su estricta competencia, como ocurre con la batería afectada. Tan solo velar por la seguridad e instar al titular -en este caso, el Ayuntamiento de Puerto Real, en cuyo PGOU se encuentra incluida la fortificación-, a hacerse cargo de la situación. Unas circunstancias en las que, no obstante, juega un papel fundamental el Ministerio de Fomento dados los compromisos contraídos con este consistorio y el isleño de cara a la puesta en valor del Sitio Histórico del Puente Suazo.

No es la primera vez que un indicente de estas características afecta al conjunto, adscrito al término municipal puertorrealeño aunque históricamente vinculado a la industria militar de San Fernando. A las sustracciones de cobre, puertas forzadas e incluso ocupas habitando las instalaciones, se suma la degradación progresiva de las zonas ya restauradas -carentes de mantenimiento y uso salvo por las actividades que organiza puntualmente la Fundación Legado de Las Cortes- e incluso un primer intento de sustracción de 20 losas el pasado mes de mayo denunciado por esta misma entidad.

Los titulares sobre el proyecto del Puente junto con el Real Carenero y sus baterías han sido tan numerosos como inexistentes en la materialización de soluciones durante los últimos siete años. De hecho la obra empezó tarde en relación al Bicentenario como evento promotor y fue víctima de varios parones hasta su conclusión definitiva en 2013. Pero solo la primera fase. La segunda, que afecta directamente al Puente -término municipal de San Fernando- y su baluarte, del tipo ‘caballero’, además de otras cuentas pendientes como las infraestructuras que facilitarían la accesibilidad con Puerto Real, asciende nada menos que a 19 millones de euros.

Las losas y algunos fragmentos de las bolsas que las contenían.