por Yolanda Muñoz Rey

Cada vez que un político o un poder político anuncia que va a intervenir en un elemento del Patrimonio, los profesionales del gremio nos echamos a temblar.

La Conservación del Patrimonio Histórico y Artístico es una actitud o intención relativamente nueva. Hasta el siglo XIX, los edificios, lugares y objetos antiguos desaparecían por abandono o destruidos por las guerras. Y se conservaban porque eran útiles, se seguían utilizando porque aquellas sociedades no necesitaban la feroz y ansiosa renovación de la realidad que tenemos nosotros, y, a veces, porque eran cosas curiosas que algunos iluminados conservaron como un tesoro. Pero a partir del siglo XIX, la Conservación del Patrimonio se instituye hasta nuestros días como una Ciencia, con un corpus teórico, criterios (discutidos en foros científicos), y profesionales cada vez más preparados en la especialidad.

Pero que nadie se confunda. Los conservadores del Patrimonio ya no somos aisladas ratas de biblioteca con pajarita. Somos más que nunca guerreros, soldados de infantería, de trincheras, es decir, impotentes y pequeños ante nuestro trabajo. Si bien nuestro Patrimonio ya no es destruido por guerras (al menos no tanto) y el deterioro físico (nosotros) sabemos bien como frenarlo con cierta eficiencia, ahora tiene un nuevo enemigo al que se enfrenta: el poder político, con su actitud unilateral de decisión y de acción, y escoltado por el imposible aparato burocrático que nos rodea y que le asiste.

Cuando los profesionales del Patrimonio estamos ante un Bien Patrimonial, nos planteamos el fin de conservarlo en las características con las que fue creado unido a su calidad de testigo de la Historia. Ahí es nada. Esta conservación y a veces recuperación ha de ser sincera y auténtica, profesional y bien hecha. Porque si no, estaremos falseando la Historia, y eso no solo no sirve para nada, sino que además estaremos destruyéndolo y eso es una barbaridad. Porque el Patrimonio no es nuestro, no es de nuestra propiedad. Lo hemos heredado del pasado y tenemos la obligación de trasladarlo a las generaciones futuras.

Hoy me ha tocado dar el discurso reivindicativo y romper una lanza, porque si los profesionales del Patrimonio nos echamos a temblar cuando un Ayuntamiento, Organismo Autonómico o Estatal dice que va a actuar sobre un Bien del Patrimonio, ahora, cuando además se acercan Elecciones, cuyo ‘photocall’ apresurado y ansiado son las obras faraónicas, ya no es temblar, ya es rezarle y ponerle velas a San Judas Tadeo.Pues este concepto tan básico que los profesionales tenemos bien asumido, no lo tiene tan claro el poder político. Y en realidad no tienen por qué tenerlo. Es decir, el político, como gestor de la vida pública no tiene por qué saber de todas las áreas que componen dicha vida pública. Lo que sí tiene que tener es la actitud de apoyarse en los profesionales de cada área cuando vaya a gestionarlas, en un trabajo colaborativo que sí haría que las cosas se hicieran bien. Pero de la misma manera que el poder político no pregunta ni pide asesoramiento a los verdaderos profesionales de la sanidad para tomar decisiones respecto a la gestión hospitalaria o sanitaria (por ejemplo), tampoco pide opinión, y si lo hace no la valora y se la pasa por el ‘forro’, cuando se trata de gestionar bienes patrimoniales o culturales. En nuestra área, el político, si pide asesoramiento, lo hace a conocidos, amigos, “entendidos” según ellos, la mayoría de las veces, pseudointelectualoides desfasados. Y de todas formas las decisiones ulteriores con respecto al Patrimonio irán siempre enfocadas hacia fines exclusivamente políticos y electorales, por no decir económicos, ya que con la excusa de intervenciones en el Patrimonio se gestionan inversiones foráneas muy convenientes.

El resultado: acciones sobre el Patrimonio mal hechas, a la prisa, sin una planificación coherente que tenga una continuación en el futuro, mal enfocadas, que destruyen el significado y la entidad original del Bien, que no lo contempla como motor económico y cultural por sí mismo, y, lo que es peor, concesiones de las intervenciones materiales a no-profesionales, no dirigidas por verdaderos profesionales de la Conservación, lo que desemboca en auténticas destrucciones sin remedio de bienes que han resistido siglos y guerras para sucumbir en nuestros días ante la prepotencia y la ineptitud.