por Alejandro Díaz Pinto

Denuncian la colocación de vallas en la trasera por anticipar un destino, al parecer, ya asumido por muchos.

Está claro que el Patrimonio continúa siendo no solo la moneda de cambio, sino también el arma arrojadiza favorita de muchos políticos que, lejos de cooperar para la salvaguarda de aquello que tanto reivindican, optan por usarlo para evidenciar la mala gestión de su contraparte en los plenos.

El ciudadano sabe que fue en la época andalucista cuando el Ayuntamiento compró el inmueble a la familia. Cuando una avalancha de ideas adornaron los programas electorales sin que unas obras de urgencia evitaran el estado en el que se encuentra 20 años después. Sabe que durante el mandato popular se pusieron en marcha estas obras, adjudicadas con presupuesto ‘a la baja’ a una empresa que al poco de comenzar ‘decidió’ que el estado de la finca excedía esa oferta gracias a la cual se les había seleccionado para acometer los trabajos. Y sabe que los socialistas, a tres años de ganar las elecciones, solo han logrado, de momento, desbloquear esta situación pero en ningún caso retomar la intervención de urgencia que evite un desplome que parece asumido por el ‘enemigo’ político.

Las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial son incompatibles -han repetido en sucesivas ocasiones- con la puesta en marcha de proyectos similares en edificios de envergadura, es decir, la antigua sede de la Cruz Roja y este palacio isabelino. Dos iconos histórico-artísticos de La Isla que suscitan gran preocupación. La única novedad ha sido la colocación de vallas para evitar que a la pérdida patrimonial se sume alguna desgracia humana, pero eso no tranquiliza a la población mientras políticos de uno y otro color preparan ya la metralla para arremeter contra el adversario en el momento que el edificio se venga abajo tras años absorbiendo aguas pluviales y sin revisión de puntales, dos de sus mayores problemas.

Resulta llamativo cómo Cádiz, la ‘ciudad hermana’, ha sabido conservar la gran mayoría de las casas-palacio pertenecientes a los comerciantes de la carrera de Indias, muchas reconvertidas en comunidades vecinales, y, en algunos casos, hasta explotadas como atractivos culturales. Es el caso del Palacio de los Mora o el de Aramburu, cuya historia es relatada por la entidad De Ida y Vuelta a modo de concurridos espectáculos teatrales. Muchas de ellas son no obstante desconocidas por el gran público ya que no existen acuerdos entre propietarios y administraciones que además de su uso cultural contemplen rédito económico para una sociedad de por sí maltrecha, explica Moisés Camacho, presidente de la Asociación para la Difusión e Investigación del Patrimonio de Cádiz (ADIP) y uno de los mayores impulsores de la causa en la capital.

No obstante, si la habitabilidad y el uso han hecho posible la conservación de entre 250 y 300 palacios gaditanos, ¿por qué La Isla ha sido incapaz de mantener los dos que tiene?

San Fernando no se caracteriza por la monumentalidad de su arquitectura civil. Es la estética homogénea de su conjunto formado por pequeñas edificaciones barrocas y neoclásicas lo que justifica su condición de Bien de Interés Cultural dentro del Catálogo del Patrimonio Inmueble de Andalucía desde 1996. Solo algunas fincas como las ‘del Turco’, Micolta o el palacio isabelino de la calle Colón-San Rafael-Mazarredo destacan por sí mismos pese a lo desvirtuados y descontextualizados que han quedado a lo largo de los años. A esta lista podría sumarse la que fuera casa del ex-gobernador de Guinea don Faustino Ruiz (Real 98) que por intereses especulativos y argucias legales parece dejará de atenerse al Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico (PEPRICH) alegando un estado de ruina que podría haberse evitado y es claramente reversible.

Pero si alguna destaca entre todas ellas dejando a un lado el Palacio Consistorial es claramente la de la familia Lazaga. El inmueble en cuestión ha sido profusamente investigado por el historiador Fernando Mósig. Mósig ha ofrecido algunos datos en prensa sobre su historia y gracias a él se conocen datos como el origen vasco de la familia Lazaga, los primeros propietarios de la casa -los marqueses de Carballo- o su adquisición en 1886 por parte José Lazaga Garay, época en la que probablemente se le imprimió su aspecto actual más acorde con los gustos isabelinos del momento que con las típicos caserones del siglo XVIII.

Raro es el autor que no haya destacado sus valores artísticos en alguna monografía. Por ejemplo, el historiador del arte Luis Martínez Montiel, quien define este estilo como una mezcla de clasicismo y romanticismo retomando elementos tradicionales del barroco gaditano, cita los herrajes de sus balcones y los relieves vegetales realizados sobre paneles de hierro que decoran los marcos de sus balcones y ventanas. Es de las principales características de este estilo junto con la profusión de ménsulas, el uso del arco escarzano en sustitución del medio punto, el almohadillado y las pilastras cajeadas.